La Juventud Opina

Esta semana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lanzaron un documento en el que llaman la atención sobre la necesidad de invertir más en los jóvenes de nuestra región.

El informe Invertir en juventud en América Latina y el Caribe: un imperativo de derechos e inclusión hace un llamado a diseñar sistemas integrales de protección y promoción social para la juventud de la región.

Hoy en América Latina, cerca de un tercio de las y los jóvenes viven en situación de pobreza. Esta situación plantea la necesidad de gestar un pacto de inversión en juventud, que incluya políticas orientadas a los sectores de mayor vulnerabilidad, como mujeres y jóvenes que viven en zonas rurales y que pertenecen a pueblos indígenas o a comunidades afrodescendientes.

De acuerdo a datos de Naciones Unidas, las personas entre los 15 y 29 años representan el 26% de la población en América Latina y el Caribe. Actualmente la gran mayoría de los países de la región viven el llamado bono demográfico, que implica que el porcentaje de población en edad de trabajar y producir es mucho mayor que el de los grupos considerados dependientes (niños y personas mayores), lo que ofrece oportunidades de inversión social.

Sin embargo, de acuerdo al informe, la incidencia de la pobreza e indigencia entre los jóvenes de 15 a 29 años en la región alcanzaba a 30,3% y 10,1%, respectivamente, en 2009, siendo este grupo, junto a los menores de 15 años, los más vulnerables a esta situación en América Latina.

La incidencia de la pobreza tiene en muchos casos dimensiones alarmantes en países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay donde la población de jóvenes viviendo en condiciones de pobreza supera el 50% y en Honduras el 60%.

En el ámbito educativo y laboral, el panorama tampoco es muy alentador: el 16% de las y los jóvenes de 15 a 29 años en América Latina no están insertos en el sistema educacional ni en el mercado de trabajo. Algunos de estos jóvenes realizan labores domésticas no remuneradas o viven con alguna discapacidad, mientras que otros no ejecutan ninguna tarea determinada.

Las consecuencias de esta doble exclusión, agrega el informe, son muy graves. Por una parte constituye una violación explícita de los derechos a la educación y al trabajo de los jóvenes y, por otra, coarta directamente las oportunidades de la región para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y aprovechar el bono demográfico.

Las cifras dicen muchísimo. Aunque seguramente muchos de nosotros hemos convivido o convivimos con estas realidades y vemos que más allá de las cifras, es realmente necesario que haya una mayor inversión en los jóvenes, una mayor inversión en la búsqueda de soluciones estructurales a la pobreza y sostenibles a largo plazo.

Solo así, podremos estar construyendo un camino más solido e inclusivo para las generaciones futuras como región.

Imagen: Jóvenes discutiendo problemáticas sociales como el racismo, la y la discriminación de genero, durante un taller en un barrio marginal de Salvador, la capital del estado de Bahia © UNICEF/NYHQ2006-1325/Claudio Versiani